Y en campaña mas Memoria Histórica

Hago un hueco para actualizar con una de las tribunas que conseguí fuera publicada en La Nueva España; el tema no puedo negar que me apasione : La ley de Memoria Histórica.
No recupero esta columna simplemente para actualizar con algo ya hecho, sino porque en esta precampaña, que de “pre” no tiene nada, la Federación Socialista Asturiana a través de su Secretario General, Javier Fernández, apelaba a la Memoria Histórica para lograr la victoria en las generales del próximo 9 de Marzo en las Cuencas Mineras.
Esta Tribuna resume lo que, como atípico estudiante de 4º de Historia en la Universidad de Oviedo y miembro activo de Nuevas Generaciones, opino de “remover” la historia de nuestra nación con intereses partidistas.

Espero os sea interesante.

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La ley de la subjetividad histórica

II República, franquismo, guerra civil, fosas, fusilamientos, rojos, nacionalesÉ son palabras que en esta legislatura, que ya toca a su fin, se han repetido miles de veces y en las últimas semanas, ante la tramitación y aprobación de la llamada ley de la Memoria Histórica, aun más; reabriendo cicatrices de odio y venganzas de los años más negros de nuestro país.

Desde su entrada en la Moncloa, Rodríguez Zapatero tiene como punta de lanza de su labor al frente del Ejecutivo Central el desdibujar el proceso de Transición e intercambiarlo por otro donde él y sus extremistas socios de gobierno son protagonistas. Frente al proceso liderado por Adolfo Suárez donde se pretendía caminar hacia adelante con el acuerdo de la inmensa mayoría de los ciudadanos españoles, nuestro actual presidente de Gobierno propone y ejecuta un plan al que le es ajeno el período democrático y de progreso más largo de la historia de España y que se apoya en deudas y rencores de hace setenta años. Sin duda la ley de la Memoria Histórica es el bisturí con el que Zapatero recorta de la historia de España la Transición e intenta adosar electoralmente al Partido Popular un sentimiento, que no encuentra ni un solo punto de apoyo, de nostalgia del régimen franquista. La ley de la Memoria Histórica no sólo oficializa una visión sesgada de nuestra historia reciente, sino que conduce a la división, a la reaparición de las «dos Españas». Frente a la aceptada teoría de que la guerra civil fue el pulso entre dos visiones sociopolíticos ajenas a los principios democráticos, incapaces de entenderse y conscientes de eliminarse una a otra, la nueva ley de la Memoria considera el conflicto civil del 36 como la lucha de los defensores de las libertades frente a reaccionarios deshumanizados, obviando que en el bando republicano, al igual que en el nacional, se cometieron acciones que eliminaban la condición humana de aquellos que las realizaban. De forma acertada la nueva ley del Gobierno socialista condena el golpe de estado del 18 de julio de 1936 contra el Gobierno de coalición izquierdista elegido democráticamente, pero se olvida con interesado ánimo de los sucesos acontecidos en nuestra comunidad autónoma en octubre de 1934, donde socialistas, comunistas y anarquista se levantaron en armas contra el Gobierno de la República democráticamente constituido, en este caso de signo derechista.

Esta ley fomenta el homenaje a los republicanos asesinados y financia la excavación y exhumación de fosas comunes con restos de represaliados por el bando nacional, pero se olvida escandalosamente de aquellos que cayeron bajo las balas de las autoridades republicanas. Esta innecesaria ley olvida que todo hombre o mujer que haya dado su vida en defensa de unas ideas que entendía mejores para su patria es digno de homenaje y reconocimiento, y que no son necesarias exhumaciones pues toda fosa común, donde se encuentren los restos de unos u otros que dieron la vida por su particular manera de concebir España, goza de una enorme dignidad. Del mismo modo que todos aquellos notables caídos en esos negros años deben gozar de igual reconocimiento, pues si la España republicana perdió al genial poeta García Lorca, la España nacional perdió al no menos brillante escritor Ramiro de Maeztu.

No es necesaria esta ley para condenar algo que todo buen demócrata sabe: el régimen del general Franco fue una larga y dura dictadura militar. Pero la ilegalidad de un régimen impuesto con fusiles no debe conllevar su eliminación de la historia ni borrar su rastro de la geografía nacional. El franquismo debe recordarse y estudiarse tal y como fue, para aprender de sus errores y para reconocer en él, indiferentemente de sus dirigentes, el esfuerzo apoyado en el trabajo de todo un pueblo para progresar. La eliminación de todo aquello que recuerde al régimen autoritario puede ser un problema para muchos y sobre todo para la clase trabajadora, pues en las listas de símbolos que desde Madrid el PSOE ha encargado realizar a sus cargos en las comunidades autónomas pueden aparecer no solo estatuas ecuestres (exactamente iguales que las que adornan paseos de vías principales en Madrid con la imagen de generales golpistas como Prim, Espartero, Narváez) o calles con nombres de importante cargos del régimen (curiosamente en muchos casos cercanos familiares de los instigadores de esta ley), sino que pueden aparecer miles de bloques de viviendas sociales y de protección oficial, varias universidades como la Laboral de Gijón donde hoy el Gobierno autónomo socialista invierte millones de euros, decenas de embalses y pantanos que aportan agua a miles de cosechas y poblaciones, el mismísimo sistema de Seguridad Social e incluso el cupón de la ONCE.

No obstante esta ley que hace una izquierda anclada en el pasado, hace flaco favor a sus instigadores pues al remover en los lodos del pasado no sólo se encuentran las miserias de los contrarios, también las propias, de este modo salen a la palestra represiones internas dentro del bando republicano como el caso del POUM, colaboracionismo con la dictatorial URSS o la implicación de Santiago Carrillo, durante años santón del proceso de democratización, con asesinatos masivos durante la guerra civil.

Desde luego, la mal llamada ley de la Memoria Histórica reescribe subjetivamente un período delicado del que aún viven muchos de los que lo sufrieron y que durante años el consenso y el avance en común habían dejado aletargado, prestándolo únicamente a la discusión de aquellos que deben reflejar objetivamente los acontecimientos pasados: los historiadores.

Una gran Nación de ciudadanos libres e iguales como es España no puede permitir que una ley ejemplo de cuatro años de radicalidad y rupturas de consenso nacional y un gobernante anclado en viejos rencores y obsesionado con pasar a la trascendencia divida a los españoles.